Aprobado el anteproyecto de ley del sistema nacional de protección civil
Publicado el 12/08/2014
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presentado al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.
Esta nueva ley reforzará los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes y posibilitará el mejor cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito internacional y de la Unión Europea.
La Escuela Nacional de Protección Civil, se encargará de entrenar y formar al personal de los servicios de protección civil de la Administración General del Estado y de otras instituciones públicas y privadas, entre otras actividades.
El Consejo de Ministros ha aprobado el viernes, el Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Esta nueva ley pretende reforzar los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes, y posibilitar, al mismo tiempo, el mejor cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito internacional y de la Unión Europea, con el fin de afrontar de la manera más rápida y eficaz las situaciones de emergencia que puedan producirse, en beneficio de los afectados y en cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial.
El nuevo texto viene a actualizar el ordenamiento jurídico en una materia tan sensible para los ciudadanos como es la protección civil. Y lo hace a la luz de la experiencia adquirida desde la promulgación de la ley anterior Ley 2/1985, de 21 de enero, teniendo en cuenta el desarrollo de esta última por otras normas estatales y de las Comunidades Autónomas, así como la legislación de la Unión Europea y los compromisos asumidos por España en el marco de la cooperación internacional. Todo ello, respetando las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas en sus vigentes Estatutos de Autonomía y por las Entidades Locales.
El texto consta de 49 artículos, estructurados en seis títulos. Comienza con una definición de lo que se entiende por protección civil, tal y como ha sido descrita por la jurisprudencia constitucional: «la protección civil, como instrumento de la política de seguridad nacional, es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada».
A continuación se determina el objeto de la Ley, que no es otro que es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil como un instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil, y regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia.
El Sistema Nacional de Protección Civil integra la actuación de las Administraciones Públicas para garantizar una respuesta coordinada y eficiente, mediante:
Se definen las diferentes fases de este Sistema, que son objeto de desarrollo en el siguiente título: anticipación; prevención de riesgos; planificación; respuesta inmediata; recuperación; y evaluación e inspección.
Los poderes públicos promoverán la formación y el desarrollo de la competencia técnica del personal en materia de protección civil. La Escuela Nacional de Protección Civil, se encargará de entrenar y formar al personal de los servicios de protección civil de la Administración General del Estado y de otras instituciones públicas y privadas; desarrollar acciones de I+D+i en materia de formación de protección civil; colaborar en las actividades de formación que se prevean en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea o de otras iniciativas europeas, e impartir la formación conducente a los títulos oficiales de Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad relacionados con la protección civil, previa autorización de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Empleo y Seguridad Social.
El impacto económico general de las emergencias y catástrofes en España se puede estimar en unos 400 millones de euros anuales, según los datos aportados por el Consorcio de Compensación de Seguros.
España es un país que no sufre comparativamente grandes pérdidas económicas por causa de las emergencias y catástrofes, y ello es debido al efecto de las políticas preventivas que se llevan a cabo desde hace muchos años.
La gestión racional de los riesgos de emergencias y catástrofes que establece esta Ley contribuirá a la innovación permanente, lo que redundará en un mejor aprovechamiento de los recursos públicos y privados.