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La ley andaluza de movilidad sostenible, en fase de información pública, supeditará las infraestructuras a su rentabilidad social

Publicado el 11/09/2014

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Orden de 23 de septiembre de 2014, por la que se somete a información pública el anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible (BOJA nº 190 de 29/09/2014).



La nueva norma establece medidas para incrementar el uso del transporte público, la bicicleta y el ferrocarril de mercancías.
El plazo para presentar alegaciones finaliza el 17 de octubre de 2014.
El Consejo de Gobierno de Andalucía ha acordado iniciar los trámites del anteproyecto de la Ley andaluza de Movilidad Sostenible, que plantea como objetivos fundamentales incrementar la cuota del transporte público y de los medios no motorizados en el desplazamiento de personas y del ferrocarril en el transporte de mercancías.
Este Anteproyecto se podrá descargar desde la página web de la Consejería de Fomento y Vivienda (www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda).
El texto, que se enviará para su debate al Parlamento el próximo año, establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios supeditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental. Como principal novedad, también en el conjunto de la normativa española, los proyectos en el ámbito de la movilidad deberán incluir un informe sobre este tipo de costes externos. Reglamentariamente se determinarán los umbrales por los que serán tenidos en cuenta.
De este modo, los estudios informativos de las obras relativas a nuevas infraestructuras, como carreteras o vías ciclistas, se realizarán no sólo en función de la ecuación demanda de viajeros-viabilidad económica, como hasta ahora, sino también atendiendo a externalidades como la contaminación atmosférica y acústica, el impacto paisajístico, las repercusiones en la salud pública, la accidentalidad, la pérdida de horas productivas por la congestión de tráfico o la monopolización del espacio público por parte del coche (que necesita 30 veces más que el autobús para transportar al mismo número de personas).
Junto con esta garantía de viabilidad social y ambiental en las infraestructuras y servicios, el anteproyecto recoge el diseño de toda la planificación de la movilidad a escala autonómica, territorial y urbana. La norma recoge cuatro tipos de documentos: el Plan Andaluz de Movilidad Sostenible; los Planes Territoriales de Movilidad Sostenible de las Aglomeraciones Urbanas (Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla); los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, y los Planes de los Centros Generadores de Movilidad. Todos ellos estarán aprobados antes de finalizar 2015.
Los ayuntamientos, por su parte, aprobarán sus respectivos Planes Urbanos, obligatorios para todos los municipios de más de 20.000 habitantes y también para aquellos que determinen los Planes Territoriales por sus problemas de movilidad. Esta planificación de ámbito local, que requerirá el informe favorable de la Consejería de Fomento y Vivienda, incluirá el trazado de plataformas reservadas para el transporte público y de vías ciclistas y peatonales, mapas de zonas de calmado de tráfico, caminos escolares seguros y un diseño de infraestructuras con programa de inversiones y previsión de costes de mantenimiento.
Asimismo, los Planes Urbanos identificarán los denominados "Centros Generadores de Movilidad Sostenible", en los que se incluyen las zonas de trabajo con 200 o más personas, los centros educativos con más de 250 (entre alumnado y profesorado), los polígonos industriales y parques empresariales, las grandes superficies minoristas y los centros de ocio, hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre usuarios y personal, así como los estadios, pabellones deportivos y edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran afluencia de público. Todos estos centros generadores deberán contar con planes específicos en el plazo de un año desde su identificación, así como con gestores de movilidad.
El anteproyecto incluye, por otro lado, medidas concretas sobre el transporte público colectivo y de mercancías, así como de fomento del uso de la bicicleta. Con respecto a este último, los edificios de uso residencial de nueva construcción tendrán obligatoriamente que disponer de emplazamientos específicos, seguros y resguardados para un mínimo de dos bicis por vivienda.
En cuanto al transporte de mercancías, la Junta potenciará la red de áreas logísticas de interés autonómico y su conexión con los puertos comerciales andaluces, nacionales y europeos para facilitar el intercambio modal. Asimismo, promoverá la implantación de microplataformas logísticas para la distribución de mercancías en el entorno urbano.
Asimismo, se crea la figura del municipio libre de automóviles, para los que realicen proyectos de espacios urbanos accesibles, además de un fondo autonómico específico de financiación para los mismos. Las características mínimas que deberán reunir las localidades acogidas a este programa se desarrollarán en un reglamento.
 
Más información en www.juntadeandalucia.es.