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Canarias saca consulta pública la regulación de la Ley de Economía Circular en su Comunidad Autónoma.

Publicado el 16/09/2020

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Canarias saca consulta pública a la ciudadanía sobre la regulación de la Ley de Economía Circular en su Comunidad Autónoma.

Canarias pretende unirse así a la carrera por la publicación de las leyes autonómicas en materia de Economía Circular, con Castilla La Mancha a la cabeza como primera comunidad autónoma en publicar su texto legal con la Ley 7/2019. También Andalucía está trabajando en el borrador de su ley de economía circular.

La Consejería de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial de Canarias acaba de emitir un informe relativo a la consulta pública a la ciudadanía sobre la necesidad de regulación mediante Ley de la Economía Circular, que tiene intención de tramitar para abordar la problemática económica derivada de los residuos y los vertidos en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La consulta estará disponible a través del portal web de la consejería por un plazo de 30 días, de manera que se pueda recabar la opinión ciudadana sobre la tramitación de una futura norma a este respecto.

En el informe relativo a dicha consulta se presentan:

  • Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa de Ley
  • La necesidad y oportunidad de su aprobación
  • Los objetivos que se persiguen con la norma sobre Economía Circular
  • Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

Con esta iniciativa legal Canarias pretende explotar el potencial de los residuos como materia prima regenerable, convertida en residuo y del agua, para impulsar nuevas circularidades económicas, generadoras de empleo y sostenibilidad.  También impulsar el potencial generador de empleo de este nuevo enfoque socioeconómico donde la responsabilidad social empresarial y la economía social tengan un papel destacado en el tratamiento de residuos.

La Ley de Economia circular de Canarias deberá contribuir a materializar la obligatoriedad de todos los actores públicos y privados en la consecución de los objetivos en el manejo de los residuos convertidos en materia prima regenerable y del conjunto de vertidos que han de tener similar tratamiento.

Se plantean como objetivos de la norma:

  • Disponer de un texto normativo, con rango de ley, que englobe el conjunto de medidas que promuevan la Economía Circular
  • Definir la intervención administrativa en materia de Economía Circular
  • Crear una cultura preventiva, pública y privada, capaz de identificar nuevos impactos y riesgos
  • Diseñar un sistema de gobernanza con la que las instituciones canarias y los operadores impulsen una nueva forma de relación con la sociedad
  • Definir un conjunto de objetivos, cuantitativos y cualitativos, que favorezcan la coordinación normativa e interadministrativa de las políticas públicas en materia de Economía Circular
  • Regular el marco para que los sistemas de información y el conocimiento permitan crear una estructura que garantice la recogida y procesamiento de datos relevantes
  • Acceder a fuentes de financiación europeas y nacionales
  • Facilitar el marco para el seguimiento y actualización periódica de la trazabilidad de los residuos y recursos coordinándose con otras herramientas ambientales preventivas
  • Promover el ecosistema de empresas privadas y de interés social, servicios, sistemas de investigación e innovación para reinvertir excedentes

Las alternativas que se presentan dentro de la consulta pública son cuatro:

  • Alternativa 1: Prolongar el estado actual de ausencia de regulación de la materia relativa a Economía Circular
  • Alternativa 2: Adoptar el marco regulatorio estatal en materia de economía circular
  • Alternativa 3: iniciar un proyecto de revisión del marco legislativo autonómico al objeto de incorporar una nueva sensibilidad respecto del potencial de la Economía circular en la legislación sectorial
  • Alternativa 4: iniciar los tramites que permitan disponer a la comunidad autónoma de canarias de una ley que establezca un único marco legal que regule las políticas en materia de Economía Circular.