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Canarias saca consulta pública a la ciudadanía sobre la regulación de la Ley de Economía Circular en su Comunidad Autónoma. Con esta iniciativa legal Canarias pretende explotar el potencial de los residuos como materia prima regenerable, convertida en residuo y del agua, para impulsar nuevas circularidades económicas, generadoras de empleo y sostenibilidad.
Canarias pretende unirse así a la carrera por la publicación de las leyes autonómicas en materia de Economía Circular, con Castilla La Mancha a la cabeza como primera comunidad autónoma en publicar su texto legal con la Ley 7/2019. También Andalucía está trabajando en el borrador de su ley de economía circular.
La Consejería de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial de Canarias acaba de emitir un informe relativo a la consulta pública a la ciudadanía sobre la necesidad de regulación mediante Ley de la Economía Circular, que tiene intención de tramitar para abordar la problemática económica derivada de los residuos y los vertidos en la Comunidad Autónoma de Canarias.
La consulta estará disponible a través del portal web de la consejería por un plazo de 30 días, de manera que se pueda recabar la opinión ciudadana sobre la tramitación de una futura norma a este respecto.
En el informe relativo a dicha consulta se presentan:
Con esta iniciativa legal Canarias pretende explotar el potencial de los residuos como materia prima regenerable, convertida en residuo y del agua, para impulsar nuevas circularidades económicas, generadoras de empleo y sostenibilidad. También impulsar el potencial generador de empleo de este nuevo enfoque socioeconómico donde la responsabilidad social empresarial y la economía social tengan un papel destacado en el tratamiento de residuos.
La Ley de Economia circular de Canarias deberá contribuir a materializar la obligatoriedad de todos los actores públicos y privados en la consecución de los objetivos en el manejo de los residuos convertidos en materia prima regenerable y del conjunto de vertidos que han de tener similar tratamiento.
Se plantean como objetivos de la norma:
Las alternativas que se presentan dentro de la consulta pública son cuatro: