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Actualidad
Publicado el 18/10/2018
Aunque toda empresa se ve afectada por la Ley de Responsabilidad Medioambiental, el alcance de su responsabilidad depende la actividad económica o profesional en cuestión. Descubre cuál es la responsabilidad ambiental de las empresas.
La creciente preocupación y sensibilización de la sociedad por la preservación del medio ambiente en los últimos años ha hecho que se vigile con detalle la responsabilidad ambiental de las empresas. En España, el Real Decreto 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, introdujo el concepto de responsabilidad medioambiental un régimen administrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado basado en los principios de prevención y de que quien contamina paga.
Este tipo de responsabilidad se trata, efectivamente, de un régimen administrativo en la medida en la que instituye todo un conjunto de potestades administrativas con cuyo ejercicio la Administración pública debe garantizar el cumplimiento de la ley y la aplicación del régimen de responsabilidad que incorpora. Se separa, pues, de la responsabilidad civil clásica en la que los conflictos entre el causante del daño y el perjudicado se dirimen en sede judicial.
Ninguna organización escapa a la aplicación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental. De una manera u otra, cualquier empresa se ve afectada por esta norma. Otra cuestión es el alcance de la responsabilidad medioambiental de una actividad económica o profesional en concreto, que depende de si figura o no en el listado de actividades del Anexo III del Real Decreto 26/2007, por ejemplo:
Para determinar el alcance de la responsabilidad medioambiental de una empresa y las obligaciones legales que debe asumir, es fundamental saber si se encuentra incluida entre las actividades indicadas en el Anexo III de la Ley de Responsabilidad Medioambiental.
Los bienes protegidos por esta norma son de naturaleza medioambiental:
De manera expresa quedan excluidas fuera de su ámbito los daños tradicionales que puedan afectar a particulares y a sus propiedades.
Las actividades económicas y profesionales susceptibles de ocasionar daños medioambientales son aquellas ya reguladas por la legislación comunitaria que, por su naturaleza, entrañan riesgos, aunque sean potenciales, para el medio ambiente o para la salud humana, es decir, las actividades del Anexo III.
En todos estos supuestos que hemos nombrado, la responsabilidad se exige sin necesidad de que concurra dolo, culpa o negligencia en el operador.
Las instalaciones que realicen actividades distintas a las especificadas en el Anexo III también están afectadas por ley en cuanto al deber de reparar, pero solamente en el caso de que haya dolo, culpa o negligencia.
La obligatoriedad de prevenir y evitar daños al medio ambiente también se amplía al conjunto de operadores económicos y profesionales.
La Ley 26/2007 obliga a las empresas a llevar a cabo medidas que prevengan, eviten y reparen daños ecológicos, así como a sufragar costes cuando sean responsables de los mismos.
Por otro lado, la normativa determina la obligación de informar de manera inmediata a la autoridad competente de la existencia de daños medioambientales ocasionados o su amenaza inminente. Asimismo, la ley también establece la obligación de fijar medidas reparadoras y ejecutar las que adopte la Administración.
Antes de un accidente deben:
Después de un accidente deben:
Independientemente de la existencia o no de daños, deben disponer de una garantía financiera en forma de seguro, aval o reserva técnica.
Antes de un accidente deben:
Después de un accidente deben:
Independientemente de todo y siempre que sea responsable de los daños causados al medio ambiente, deberán sufragar los costes de las medidas adoptadas.
Existen tres supuestos del Anexo III en los que, además de afectarles el global de la normativa de responsabilidad medioambiental, deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que pretendan desarrollar. Para el resto de operadores, la constitución de la garantía financiera tendrá carácter voluntario.
Existe obligatoriedad de constituir garantía financiera para:
1.º Las actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
2.º Las actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
3.º Los operadores que cuenten con instalaciones de residuos mineros clasificadas como de categoría A de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias dedicadas a extraer y explotar los recursos del subsuelo. También con las dedicadas a la protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
Si su compañía es titular de una instalación industrial cuya actividad se encuentra especificada en el Anexo III de la Ley de Responsabilidad Medioambiental es muy importante:
La mejor forma de estar informado de los requisitos legales de aplicación en su centro de trabajo en materia de medio ambiente es con EcoGestor legislación. Este software modular le permitirá tener acceso a bases de datos de legislación, a textos legales o avisos de nueva normativa de aplicación.
Asimismo, desde ENVIRA Ingenieros Asesores también realizamos estudios de evaluación de riesgos ambientales para los diversos sectores de actividad sujetos a la ley.
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