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Nueva Ley de Evaluación Ambiental en Baleares

Publicado el 07/09/2016

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El objeto de esta ley es regular la evaluación ambiental de los planes, los programas y los proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente de la comunidad autónoma de las Illes Balears.



Publicada en el BOIB nº 106 de 20/08/2016 la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.

Las principales finalidades de esta ley son:

1. Regular un procedimiento de intervención administrativa ambiental que garantice un nivel de protección del medio ambiente elevado y el desarrollo sostenible, armonizando el desarrollo económico con la protección y la mejora del medio ambiente, la biodiversidad, la calidad de vida, la salud humana y los recursos naturales, mediante:

  • a) La integración de los aspectos ambientales en la elaboración y la adopción, la aprobación o la autorización de los planes, los programas y los proyectos.
  • b) El análisis y la selección de alternativas ambientalmente viables, incluida la alternativa cero.
  • c) El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
  • d) El establecimiento de medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir las finalidades de esta ley.

2. Adaptar la legislación autonómica ambiental de las Illes Balears a las modificaciones normativas de la legislación comunitaria y estatal.

3. Racionalizar, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos de control ambiental, garantizando la colaboración y la coordinación entre todas las administraciones públicas competentes.

4. Fomentar la participación real y efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones democratizando los procedimientos administrativos.

5. Promover la cultura de la transparencia y la utilización de medios electrónicos.

6. Promover la responsabilidad social por medio del conocimiento de los efectos sobre el medio ambiente que llevan implícitos la puesta en marcha o la ejecución de los planes, los programas, los proyectos o las actividades que regula esta ley, y velar por la aplicación efectiva del principio de "quien contamina paga".

La ley consta de seis títulos, incluido el preliminar, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, ocho disposiciones finales y cuatro anexos.

  • El título preliminar, establece el objeto y el alcance de la ley, recoge los principios de derecho internacional, europeo y de la legislación básica. Asimismo, se regula el compromiso con la participación, la transparencia y la administración electrónica, y el conflicto entre la publicidad y la confidencialidad de los datos.
  • El título I confirma la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears como el órgano ambiental de las Illes Balears, determina su estructura en órganos e introduce la novedad del carácter público de las sesiones del Pleno.
  • El título II regula estrictamente los procedimientos de evaluación ambiental. En desarrollo de la normativa básica, y para evitar procedimientos innecesarios, la ley se acoge al artículo 3.5 de la Directiva 2001/42/CE para establecer qué planes o modificaciones no tienen efectos significativos en el medio ambiente, o entiende que estos serán favorables, y que, por lo tanto, no están sujetos a los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, excepciones ya recogidas en la Ley 11/2006. En la documentación de los estudios de impacto ambiental se ha incluido, además del contenido mínimo que establece la ley básica, un anexo de incidencia paisajística, teniendo presente tanto el activo que representa el paisaje en las Illes Balears como la vigencia del Convenio europeo del paisaje, aprobado por el Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000, que entró en vigor en el Estado español el 1 de marzo de 2008.
  • El título III regula de manera específica la consulta preceptiva al órgano ambiental de la comunidad autónoma en los planes, los programas y los proyectos que evaluará la Administración General del Estado.
  • El título IV trata sobre la evaluación de las repercusiones en los espacios Red Natura 2000.
  • El título V regula unas materias primordiales en la evaluación ambiental pero que a menudo son descuidadas en la práctica, el seguimiento de los procedimientos ambientales, la protección de la legalidad ambiental, el restablecimiento del orden jurídico perturbado y el régimen sancionador.
  • La disposición derogatoria deroga la Ley 11/2006, las excepciones que recogían los artículos 39 bis y 39 ter de la Ley 5/2005 y los párrafos segundo y tercero del artículo 44.4 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears.
  • En las disposiciones finales se modifican la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears; la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO); la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo; y la Ley 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de ordenación territorial, urbanismo y de impulso a la inversión.

Finalmente, en los anexos con la relación de planes, programas y proyectos sujetos a la evaluación ambiental, se recoge el conjunto de los supuestos y criterios que establecen los anexos I, II, III y V de la Ley 21/2013, y se refunden con los añadidos, que, como normas adicionales de protección, se ha considerado oportuno mantener de la regulación de las previsiones de la Ley 11/2006, moduladas por la experiencia del órgano ambiental. En cambio, se hace una remisión íntegra a los anexos IV y VI de la Ley 21/2013 sobre el contenido de los estudios de evaluación ambiental y los criterios técnicos.