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Los grandes locales públicos de Asturias deberán disponer de desfibriladores dentro de un año

Publicado el 06/10/2016

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Se actualiza la normativa relativa a los DEA en Asturias y se añade la obligatoriedad de instalación en determinados establecimientos.



En el B.O.P.A. nº 233 del 6 de octubre se ha publicado el Decreto 54/2016, de 28 de septiembre, por el que se regula la instalación y la utilización de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario, así como la formación y acreditación de las entidades formadoras para este uso. Será de obligado cumplimiento dentro de un año para centros comerciales, instalaciones de transporte y locales de espectáculos públicos.

El Decreto 24/2006, de 15 de marzo, reguló por primera vez en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la formación y utilización de desfibriladores externos semiautomáticos por personal no médico.

Igual que entonces, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo el problema de salud más importante de la población asturiana y representan la principal causa de muerte en nuestra Comunidad Autónoma. La parada cardiaca no esperada exige una serie de actuaciones, conocidas como cadena de supervivencia, con el objetivo de recuperar la vida, tratando de evitar secuelas. Las causas más frecuentes son la fibrilación y la taquicardia ventricular, que tienen como tratamiento o respuesta sanitaria más adecuada la desfibrilación precoz mediante la aplicación de una descarga eléctrica.

El vigente Decreto 24/2006 abordó eficazmente este problema en la pasada década, pero ha quedado superado por el avance de los medios técnicos disponibles en la actualidad así como por las recomendaciones de diferentes organismos internacionales, con independencia del uso no negligente, en situaciones extremas, por parte de ciudadanos en general.

Esta norma se estructura en nueve artículos, una disposición transitoria, una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, acompañándose de seis anexos.

El artículo 1 regula el objeto de la norma, que excluye el ámbito sanitario.

El artículo 2 recoge diversas definiciones a los efectos de la aplicación del decreto, destacando la correspondiente al propio desfibrilador externo automatizado, al que se refiere el resto de la disposición con el acrónimo DEA. Si bien el Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, gira en torno al concepto de desfibrilador semiautomático externo (DESA), no existen desde el punto de vista práctico diferencias entre ambas disposiciones, porque la definición que recogen de cada tipo de equipo incluye expresamente al otro. Este decreto opta por tomar como referencia al DEA siguiendo las recomendaciones en esta cuestión del Consejo Español de Resucitación Cardio Pulmonar y del Consejo Europeo de Resucitación.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, que señala que las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas promoverán la instalación de este tipo de equipos en aquellos lugares en que se concentre o transite un gran número de personas, el artículo 3 enumera los establecimientos e instalaciones obligados a disponer de un DEA:

  • a) Los centros comerciales, individuales y colectivos, que tengan una superficie edificada para la exposición y venta al público superior a 2.500 metros cuadrados.
  • b) Instalaciones de transporte: aeropuertos y puertos comerciales; estaciones de autobuses o ferrocarril de poblaciones de más de 50.000 habitantes, y las estaciones de tren o autobús con una afluencia media diaria igual o superior a 2.000 personas.
  • c) Los establecimientos, locales e instalaciones en que se desarrollen espectáculos públicos y actividades recreativas, con aforo autorizado superior a 750 personas.
  • d) Las instalaciones deportivas en las que la afluencia media diaria de usuarios sea igual o superior a 500 personas.

El artículo 4 establece las obligaciones relativas a la instalación del DEA, empezando por la comunicación de la misma a la Consejería competente en materia de sanidad.

El artículo 5 contempla diversos aspectos relativos al uso de los desfibriladores, como las personas autorizadas para ello y la obligación de comunicar a la unidad responsable de atención a las urgencias y emergencias el uso del equipo y los datos necesarios para asegurar la continuidad de la atención a la persona afectada. En cualquier caso, el personal médico, de enfermería y los Técnicos en Emergencias Sanitarias, así como quienes hayan obtenido determinados certificados de profesionalidad, se consideran autorizados para el uso de los equipos.

Fuera de ese supuesto, es necesaria una formación específica para el manejo de los DEA, de la que se ocupan los artículos 6 y 7, regulando el procedimiento para autorizar a las entidades de formación, los requisitos para participar en el programa de formación y los efectos de la acreditación obtenida.

Con la finalidad de garantizar una aplicación efectiva del decreto, los artículos 8 y 9 contemplan respectivamente los registros administrativos y las facultades de inspección y control de la Consejería competente en materia de sanidad.

La disposición adicional única contempla otros tipos de formación habilitante para el uso de los DEA diferentes al previsto con carácter general en el articulado.

La disposición transitoria única prevé que los procedimientos de autorización de entidades de formación iniciados al amparo de la normativa anterior continúen tramitándose con arreglo a la misma hasta su resolución definitiva.

La disposición derogatoria única deroga expresamente el Decreto 24/2006, de 15 de marzo.

La disposición final primera faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del decreto y a actualizar los anexos, en los que se recogen, entre otras cuestiones, los modelos de documentos que faciliten a las personas y las entidades interesadas el cumplimiento de los trámites administrativos previstos en la presente norma.

Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de la obligación de disponer de un DEA a las entidades enumeradas en el artículo 3, la disposición final segunda prevé que lo dispuesto en el citado artículo entrará en vigor a los doce meses de la publicación del decreto, como excepción al plazo general de veinte días que se establece para el resto de la norma.