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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presenta el reglamento de la Ley de costas al Consejo asesor de medio ambiente.

Publicado el 12/03/2014

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El MAGRAMA desarrolla la Ley con el objetivo de garantizar la protección ambiental y el desarrollo sostenible de litoral, atendiendo a la actual realidad de las costas.
Además, el CAMA ha analizado los avances en materia de planificación hidrológica y el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Montes.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha presentado hoyal Consejo Asesor deMedio Ambiente (CAMA), el órgano asesor del Gobierno en esta materia, el Reglamento de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas.
En la reunión del Consejo, que ha estado presidido por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, junto al secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos,están representadas las organizaciones ecologistas, sindicales, empresariales, agrarias y de los consumidores, entre otras entidades.
Entre otros asuntos, el CAMA ha abordado el contenido del Reglamento que desarrolla la normativa de costas, actualmente en fase de consulta pública hasta el próximo 1 de abril. Una vez se incorporen las propuestas que resulten de estas consultas, se someterá a dictamen del Consejo de Estado, antes de su aprobación definitiva mediante Real Decreto por el Gobierno.
El Reglamento, con más de 230 artículos y de 40 disposiciones finales, concreta los tres grandes objetivos de la reforma de la Ley aprobada el año pasado. En primer lugar, se encuentra la protección más eficaz del medio ambiente litoral y para ello desarrolla las prohibiciones de edificar, tanto en dominio público como en zona de servidumbre de protección; especifica los límites y condiciones las obras que se pueden realizar en los edificios existentes; diferencia las playas naturales, para establecer un régimen de protección mucho mas estricto que en las urbanas; y concreta determinados extremos de las medidas de adaptación de la costa al cambio climático.
En segundo lugar, incrementa la seguridad jurídica, definiendo de forma mucho más precisa el concepto de dominio público marítimo terrestre y la forma de realizar los deslindes; garantiza la información, participación y transparencia de los mismos, a través del registro de la propiedad e Internet; y clarifica los derechos de los antiguos propietarios de bienes en la costa.
Por último, sienta las bases para el desarrollo ordenado y respetuoso de las actividades económicas en el litoral, permitiendo la puesta en marcha de aquellas que adoptan criterios de sostenibilidad pero impidiendo las incompatibles con la protección de las playas y del resto del medioambiente costero. Para ello, se amplían los plazos de las concesiones y autorizaciones, se permite la transmisión de los derechos y se adaptan las superficies y distancias a las necesidades reales de protección según el tipo de playas.

AVANCES EN LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Además, el Ministerio ha informado al CAMA sobre los avances en materia de planificación hidrológica, ya que hasta ahora se han aprobado un total de quince Planes Hidrológicos (Distrito fluvial de Cataluña, Duero, Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Guadiana, Guadalquivir, Miño-Sil, Galicia-Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Baleares, Ceuta y Melilla y el del Ebro, a final de febrero pasado).
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha anunciado su objetivo de aprobar, en las próximas semanas, los Planes Hidrológicos del Tajo y del Segura, ya informados favorablemente por el Consejo Nacional del Agua. Tras esta aprobación, sólo restará aprobar el Plan del Júcar de los planes hidrológicos de competencia estatal (intercomunitarios), un proyecto de plan hidrológico que se abordará en el próximo Consejo Nacional del Agua, previsto este mes, para su posterior aprobación.

NUEVA NORMATIVA DE MONTES

El Consejo también ha estudiado el borrador del anteproyecto de Ley de Montes que prepara el Ministerio para modificar la normativa de 2003, revisarla y actualizarla para mejorar su eficiencia.
El objetivo de la modificación, tras diez años de experiencia de la ley anterior, será la integración efectiva de los montes en el mundo rural, la simplificación legislativa, máxima de las reformas de los textos legales aprobados por el Gobierno, y el logro de una efectiva compatibilidad entre la conservación forestal y medioambiental y el aprovechamiento de los usos socioeconómicos.
La ley pretende conseguir el mejor instrumento posible para la gestión sostenible de las masas forestales españolas, para lo que introducirá modificaciones en algunos aspectos que hay que mejorar de la ley anterior: clasificación de los montes, la consideración del carácter forestal de las plantaciones temporales o la inclusión de la intensidad del daño como factor de gravedad de las infracciones.
Asimismo, la nueva Ley se adaptará al desarrollo de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y a los Reglamentos europeos de comercio de madera obtenida de fuentes legales. Abordará también ampliamente la regulación de los llamados Montes de Socios o la creación de Sociedades Forestales.
El anteproyecto de Ley de Montes se elevará a Consejo de Ministros en los próximos meses, antes de volver al Ministerio para su tramitación y alegaciones. Una vez cumplidas, será enviado de nuevo, como proyecto de ley, al Consejo de Ministros para que, una vez aprobado, sea remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.