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Aragón simplifica y adapta la normativa referente a procedimientos administrativos en materia de medio ambiente

Publicado el 03/08/2013

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Buscan encontrar un equilibrio en la regulación administrativa en general y especialmente en la relativa a la protección del medio ambiente, de modo que consiga sus objetivos y ofrezca una protección adecuada sin imponer más trámites administrativos que los estrictamente necesarios a las actividades económicas.



Se dicta el presente decreto que tiene por objeto la simplificación y adaptación a la normativa vigente de diversos procedimientos en materia de medio ambiente y en concreto:
a)      La adaptación a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, de varios procedimientos administrativos cuya tramitación y resolución actualmente es competencia del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y la adaptación a lo establecido en la citada ley de las autorizaciones y comunicaciones de las instalaciones y actividades ya existentes.
b)     La reglamentación en la Comunidad Autónoma de Aragón del sistema voluntario de etiqueta ecológica de la Unión Europea, regulado por el Reglamento (CE) n.º 66/2010, de 25 de noviembre de 2009, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea, en relación con el Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para la aplicación del citado Reglamento.
c)      La reducción de plazos e integración de algunos trámites en determinados procedimientos de autorización en dominio público forestal y vías pecuarias.
d)     Facilitar la deducción de inversiones ambientales realizadas en el marco de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias por parte de las empresas adheridas a dicha Estrategia
e)     El establecimiento de reglas sobre la documentación a aportar, el momento procedimental de realización de algunos trámites, o el tratamiento de la información confidencial, que contribuyan a simplificar y racionalizar diversos procedimientos. 
Las disposiciones contenidas en este decreto tienen como común denominador la búsqueda de la mejora de la eficacia y la eficiencia en la gestión administrativa y una mayor agilidad en los procedimientos con la finalidad de fomentar la actividad económica y la competitividad.