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¿Qué es la Directiva IPPC?

Publicado el 20/08/2018

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directiva ippc

La Directiva IPPC sobre las emisiones industriales (Prevención y Control Integrados de la Contaminación) se dirige a instalaciones con un potencial contaminante con el fin de controlar los efectos derivados de su actividad industrial

IPPC son las siglas con las que se conoce la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (Prevención y Control Integrados de la Contaminación), que en España se articula en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre. Esta norma regula en España todo lo relacionado en materia ambiental para instalaciones y actividades con mayor potencial contaminante.

La Directiva IPPC marcó un antes y un después en el momento de su publicación, ya que respondía a un enfoque novedoso para el tratamiento de la contaminación de origen industrial y se basaba por primera vez en un modelo preventivo. Esto se refleja en sus principios:

  • Principio de cautela y acción preventiva.
  • Principio de corrección de los atentados al Medio Ambiente.
  • Principio de “quien contamina paga” o de la corresponsabilidad.
  • Principio de la subsidiaridad.
  • Principio de integración.
  • Principio de fomento de medidas a escala internacional.
  • Principio de apertura de información y participación pública.

La Directiva IPPC, que se dirige a instalaciones con un gran potencial de contaminación, tiene por objeto el control integrado de las actividades industriales y el impacto que estas que tienen sobre los medios receptores (atmósfera, agua y suelo).

Aplicación en España

Tal y como explicamos desde ENVIRA Ingenieros Asesores, la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2016 contribuyó a la mejora de la aplicación de la Directiva IPPC, ya que configuró un ordenamiento más accesible y actualizado:

  • Regula el ámbito de aplicación para garantizar un mayor grado de precisión y de seguridad jurídica en la aplicación correcta de la norma.
  • Se ocupa de valores límite de emisión (VLE) y las mejores técnicas disponibles (MTD), incluyendo una regulación de los mecanismos de intercambio de información entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las comunidades autónomas.
  • Disciplina el régimen jurídico para la autorización ambiental integrada (AAI), define su finalidad y diseña un procedimiento administrativo para regular la concesión de dicha autorización junto con otros mecanismos de intervención ambiental.
  • Regula otros aspectos como el control, las infracciones y sanciones, así como las consecuencias jurídicas accesorias a determinados comportamientos.

Al mismo tiempo, el texto refundido ofrece novedades de gran importancia para favorecer la agilización de plazos para el pronunciamiento de las Administraciones públicas con el fin de evitar trabas burocráticas y el alargamiento innecesario de procedimientos. No obstante, el plazo de resolución sobre la AAI por parte del órgano competente continúa siendo de nueve meses.

Autorización ambiental integrada

La AAI es un requisito legal de carácter obligatorio que deben llevar a cabo todas las compañías existentes y de nueva creación cuya actividad sea:

  • Gestores de residuos peligrosos.
  • Extracción de petróleo y gas natural.
  • Instalaciones energéticas.
  • Instalaciones para el refino del petróleo.
  • Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas natural.
  • Instalaciones químicas.
  • Instalaciones para la fabricación de cemento
  • Oleoductos y gaseoductos.
  • Producción y transformación de metales.
  • Industria del mineral.
  • Instalaciones de curtidos de pieles.
  • Instalaciones galvánicas de más de 30 metros cúbicos (sin contar enjuagues).

El objetivo es controlar las emisiones de origen industrial, priorizando la prevención en la contaminación y la solicitud debe dirigirla el titular de la instalación al órgano ambiental competente designado por la Comunidad Autónoma en la que se ubica.

La AAI contiene principalmente la siguiente información:

  • Valores límite de emisión (VLE) de contaminantes.
  • Prescripciones para protección de suelo y aguas subterráneas.
  • Procedimientos para la gestión de residuos.
  • Prescripciones para minimizar la contaminación transfronteriza (en caso de que proceda).
  • Sistemas para el tratamiento y control de emisiones y residuos.
  • Medidas para las condiciones de explotación distintas a las normales.
  • Requisitos de notificación de informes regulares a las autoridades competentes.
  • Condiciones para la evaluación del cumplimiento de VLE.

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