Nueva regulación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para mejorar su recogida separada y gestión

Los establecimientos de venta de aparatos eléctricos que tengan una superficie de más de 400 m2 deberán aceptar gratis los ya usados de tamaño muy pequeño, como los teléfonos móviles, y sin que el consumidor tenga que comprar otro a cambio.

 

 

El pasado sábado 21 de febrero se publicó en el BOE un Real Decreto sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que incluye una batería de nuevas medidas para mejorar su recogida separada y gestión.

 

La gestión de este tipo de residuos -que contienen materiales valiosos, pero también sustancias peligrosas que hay que tratar- comienza con su adecuada entrega en las instalaciones de recogida municipales, como los llamados "puntos limpios", las tiendas de aparatos eléctricos y electrónicos, los gestores autorizados y los puntos específicos habilitados por los fabricantes. El coste anual asociado a toda esta gestión supera anualmente en España los trescientos millones de euros.

 

La regulación existente hasta la fecha en nuestro país no ha proporcionado la solución completa de algunos problemas de esta gestión, como las bajas tasas de recogida separada, gestión inadecuada de algunos residuos de algunos aparatos y falta de información sobre el origen y evolución de los aparatos eléctricos y electrónicos.

 

El Real Decreto transpone la normativa comunitaria sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva del 4 de julio de 2012), con el fin de cumplir los objetivos de recogida y gestión que impone la norma comunitaria, clarificar los puntos de recogida y las obligaciones de información en esta materia, y mejorar el control del traslado de este tipo residuos fuera de la Unión Europea. Para 2015 el objetivo fijado por la normativa comunitaria sobre gestión de residuos es de cuatro kilos de recogida separada por habitante, mientras que en España los datos de 2012 -los últimos conocidos- hablaban de 3,4 kilos por habitarte.

 

Asimismo, para impulsar la prevención de la generación de este tipo de residuos fomenta tratamientos como la preparación para la reutilización, lo que permite poner en el mercado de nuevo el mismo producto una vez que se haya reparado. Para ello, establece requisitos para los gestores que garanticen que la preparación para la reutilización se realiza de manera adecuada.

 

El nuevo Real Decreto incluye objetivos específicos de preparación para la reutilización a partir de 2017 (con un objetivo del 2% en grandes electrodomésticos y del 3%, en el caso de aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños), ya que se trata de la forma de gestión preferible dentro de la jerarquía de residuos al optimizar la utilización de recursos.

 

Con ello, se estimula, además, la creación de puestos de trabajo asociados a esta actividad de reparación, que permitirá una nueva puesta en el mercado de los productos y el aumento de su vida útil. El sector de los residuos es el mayor generador de empleo verde en España y representa un 27% del total del empleo de este tipo en nuestro país, mientras que la preparación para la reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos puede generar alrededor de 4.700 empleos directos, según estimaciones recientes.

 

En este sentido, la nueva normativa incluye los requisitos técnicos necesarios para que esta actividad de preparación para la reutilización pueda realizarse con todas las garantías para la salud, el medio ambiente y los consumidores de los nuevos productos. A estos efectos se prohíbe también, de una manera expresa, el abandono en la vía pública de estos residuos.

Otra de las novedades de la norma aprobada es que los establecimientos de venta de aparatos eléctricos y electrónicos deberán aceptar gratis los aparatos ya usados muy pequeños, de hasta veinticinco centímetros, como los teléfonos móviles o transistores, si disponen de un establecimiento de más de cuatrocientos metros cuadrados y sin que el consumidor deba comprar otro a cambio.

 

A la hora de entregar un aparato en la tienda el vendedor preguntar al comprador si desea entregar un aparato usado similar al adquirido y éste podrá entregar el residuo en el momento de la compra; sin embargo, si no dispone de él en ese momento, con el recibo de la compra tiene un plazo de treinta días tras la compra para llevar el residuo la tienda, que le entregará un albarán de entrega. El comprador deberá abrir una ficha en la que se contemple si el aparato tiene posibilidad de reparación.

 

Asimismo, y por primera vez, la venta de aparatos eléctricos o electrónicos a través de Internet deberá garantizar también que los compradores puedan entregar los residuos que generen, de igual manera que en las tiendas físicas.

 

El Real Decreto, por otra parte, incorpora elementos para hacer posible la mejora del control y supervisión por las Administraciones Públicas de la gestión de estos residuos y clarifica la actividad de los agentes que intervienen en el proceso y sus obligaciones.

 

Para ello, se crean una Plataforma Electrónica en la que se incluirán los datos de la recogida y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, financiada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los productores, y una Oficina de asignación de recogidas, que organizará la recogida de estos residuos desde los "puntos limpios" y los establecimientos donde los consumidores los depositen, Oficina que será supervisada por las Administraciones Públicas implicadas.

 

La nueva regulación introduce que los objetivos de gestión de residuos serán exigibles a nivel autonómico, y no sólo de ámbito nacional como hasta ahora, y que se establecerán, entre otros parámetros, en función de la población de la Comunidad Autónoma para que éstas puedan ejercer sus competencias de inspección y control de una manera efectiva.

 

Por último, la normativa aprobada también introduce los requisitos técnicos para que las Comunidades Autónomas otorguen las autorizaciones de las plantas de tratamiento de estos residuos, homogeneizando los tratamientos que se han de cumplir en todo el territorio del Estado.

 

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