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Publicado el 22/02/2019
El Marco Estratégico de Energía y Clima tiene como objetivo facilitar la evaluación de la economía hacia un modelo más competitivo y sostenible, que minimice los impactos de la transición energética y redunde en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
El Consejo de Ministros ha presentado el Marco Estratégico de Energía y Clima, que se compone de tres pilares clave:
Estas propuestas constituyen el marco normativo e institucional para el cumplimiento de las directrices establecidas por la Unión Europea y el compromiso adquirido mediante la firma del Acuerdo de Paris, así como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Este anteproyecto de ley tiene como objetivo facilitar y orientar la descarbonización de la economía española de los diferentes sectores de la economía a 2050 y facilitar una transformación para garantizar seguridad, generación de empleo, innovación, desarrollo tecnológico y justicia social.
Algunas de las medidas más destacadas son:
El proyecto LCCTC da un impulso a las energías renovables estableciendo un objetivo anual de capacidad instalada, que podrá ser revisado, pero que incluye subastas de renovables de al menos 3.000 megavatios (MW) al año.
El texto propuesto da mandato al Gobierno para el desarrollo de futuros marcos retributivos para la generación renovable, basados en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y se otorgarán a través de procedimientos de concurrencia competitiva, entre los que se podrán diferenciar distintas tecnologías de generación.
Uno de los ejes clave de este marco normativo es la movilidad sostenible. Para ello establece que el Gobierno trabaje para facilitar su adaptación a las nuevas tecnologías y las demandas de la ciudadanía. Desde el Ministerio de Industria y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDEA) se pondrán en marcha medidas para el fomento del uso de vehículos eléctricos.
El borrador cita algunas medidas como:
De forma paralela el Gobierno diseñará una “Estrategia de Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada” para ofrece una respuesta a los retos derivados del crecimiento de la movilidad prevista en el futuro.
Una medida concreta para facilitar el uso de vehículos eléctricos es la normativa que indica que las grandes instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos deben disponer, como mínimo, de una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kW (aquellas que en 2018 tengan un volumen anual agregado de ventas de combustible superior o igual a 5 millones de litros).
Para incentivar una economía baja en carbono, el texto determina que antes de 2025, al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado tenga un impacto positivo en la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono, exceptuando los recursos transferidos a las administraciones de territoriales, así como los costes que, por su propia naturaleza, no tienen incidencia directa en el cambio climático.
Además, a partir de 2020 los ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero se destinarán para el cumplimiento de objetivos en materia de transición energética y cambio climático y, por otro lado, los Presupuestos Generales del Estado anuales tendrán la posibilidad de destinar hasta el 30% de los mismos a medidas de acompañamiento hacia una transición sostenible.
El anteproyecto de Ley de Cambios Climático y Transición energética se puede consultar en este enlace.
El borrador del primer Plan Nacional Integrado de Energía y Clima será la herramienta de planificación estratégica nacional que integra la política de energía y clima, y refleja la contribución de España a la consecución de objetivos establecidos desde el marco de la Unión Europea.
El resumen del borrador del PNIC, además de recoger los esfuerzos que deben realizar todos los sectores a 2030 (energético, industrial, transporte, agricultura, residencial, residuos y aportaciones de los sumideros naturales), define:
Este documento programático se presentará a la Comisión Europea para su evaluación se debatirá con los distintos agentes en España a lo largo de 2019.
El proyector de Estrategia de Transición Justa tiene como objetivo optimizar las oportunidades de empleo para que ningún territorio ni trabajador se vea afectado por la transición hacia un desarrollo bajo en carbono.
Algunos de los instrumentos planteados son:
Además, el borrador también se incluyen instrumentos de reducción de la desigualdad y apoyo a los consumidores, en particular a los más vulnerables.
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